¿Cómo usar recursos legales disponibles contra la violencia machista en Cuba?

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Aunque todavía queda trecho en Cuba para aprobar una posible ley integral contra la violencia de género, sí se pueden aplicar medidas cautelares vigentes en el actual Código penal para contener las manifestaciones violentas a que están expuestas mujeres y niñas.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

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Tomado de: www.ipscuba.net

Mientras la reforma legal incluye el enfoque de género y a la espera de una posible ley integral contra la violencia de género, existen herramientas en Cuba de posible aplicación para prevenir y atender a las personas afectadas por este problema estructural.

En su conferencia de la Jornada contra la Violencia de Género y por los Derechos Humanos, organizada por el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), la profesora de la Universidad de La Habana Ivonne Pérez dio luces sobre cómo proceder ante situaciones de violencia.

“Las leyes que tenemos no son las mejores pero tienen posibilidades, solo hay que, con pericia profesional, saberlas explotar”, recomendó la abogada y profesora de derecho procesal durante el encuentro, que comenzó el 25 de noviembre y culminará el 10 de diciembre.

Al referirse a que el cronograma legislativo no incluye por ahora una ley específica contra la violencia, consideró un reto para los legisladores y la población llevar a los debates populares de las normas “la posibilidad de incluir algunos postulados relativos al tema de la violencia, que nos permitan, nos doten de herramientas o instrumentos para su prevención y enfrentamiento”.

A su vez, en su conferencia Herramientas procesales frente a la violencia basada en género en Cuba, calificó como desafío la sensibilización, capacitación en género y prevención de este tipo específico de maltrato.

“No es solo tener el dominio técnico, sino de tener el dominio humano, la sensibilización ante el problema”, sentenció. Y consideró necesario el trazado de una ruta crítica clara de adónde acudir y cómo lograr que quienes sufren violencia sean protegidas.

También mencionó otros principios como la no revictimización, el interés superior del niño y la niña, la vulnerabilidad, el enfoque de género, la protección a la persona adulta mayor, que deben ser transversales a cualquier aplicación de la justicia.

Buscar las mejores herramientas

Pérez se refirió a las medidas cautelares, que consideró válidas pero escasamente aplicadas en el contexto cubano.

Las medidas cautelares son muy conocidas en el ámbito penal, pero fuera de él es “difícil distinguir, primero, que existen medidas cautelares y luego, cuánto pueden aportar en cada proceso”.

A su vez, destacó en un caso relacionado con la violencia debe tenerse en cuenta que no es estrictamente un problema familiar, laboral o penal, “porque hoy el problema irradia a cualquier ambiente y dentro del propio contexto familiar, usted puede encontrar diferentes formas de violencia y dentro del propio contexto laboral, usted puede encontrar diferentes formas de violencia”.

Pérez explicó aspectos relacionados con los derechos y garantías que establece la nueva Constitución, entre ellos la tutela judicial efectiva, como principal garantía.

La tutela judicial efectiva, dijo, es acceso a los tribunales, pues todo puede ser reclamado ante los tribunales; en segundo lugar, que una vez reclamado ante los tribunales, se observen las reglas del debido proceso, tanto para el ámbito judicial como administrativo; y el hecho de que lo impuesto por los tribunales ha de ser cumplido.

Algunas pistas

Ante una situación de violencia, se puede alegar la vulneración de los derechos inherentes a la personalidad, pues se ha violado el derecho a la identidad, la intimidad, y la integridad personal y se puede pedir tanto el cese de la violación, la retractación y la reparación.

“Otra posibilidad sería por infracción del principio de igualdad. Se puede pedir el resarcimiento, la indemnización y en cada uno de estos procesos, puedo pedir medidas cautelares”, continuó.

“¿Cuál es el principal reto? Aplicarlo… No se usan en este tipo de proceso y no se usan las medidas cautelares”, alertó.

En el caso de lo laboral, puso como ejemplo, se puede hacer una reclamación por la vulneración de los derechos laborales, a partir de los principios que realmente son derechos establecidos en el Código laboral (2014) o igualmente, por infracción del principio de igualdad.

“Hoy no están visibilizados así en nuestra práctica jurisdiccional laboral, pero si la Constitución establece que todo puede ser reclamado ante los tribunales, pudiéramos establecer reclamaciones de índole laboral en este aspecto y pudiéramos también pedir medidas cautelares”, insistió.

En el ámbito penal, abundó, está la peligrosidad social. “Hay que ver el artículo 73.2 del Código Penal (1987), a quien se considera en estado peligroso, a quien quebrante habitualmente las leyes, las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, cualquier tipo de violencia”.

Sin embargo, apuntó, no se utiliza con este sentido este de peligrosidad o se utiliza muy poco.

Según la jurista, las medidas protectoras para las víctimas pudieran ser la prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, familiares u otras personas, la prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos y la prohibición de residir en determinados lugares.

Jornada con diversidad temática

Al presentar la jornada, Manuel Vázquez, subdirector del Cenesex, destacó que la mayoría de la información disponible es profusa en documentar la violencia que experimentan las mujeres y las niñas.

Sin embargo, subrayó, se han advertido carencias o limitaciones en la documentación de los resultados científicos en relación con las violencias que experimentan las personas con sexualidades no hegemónicas.

Entre los temas abordados durante la jornada, que transcurrió en el espacio virtual, fundamentalmente, estuvieron las conferencias Fundamentalismo y pandemia. Desafíos éticos y pastorales, a cargo de Kirenia Criado, profesora del Seminario Evangélico y Teología y pastora de la Iglesia Amigos Cuáqueros, y Respuesta nacional al VIH: resultados y desafíos.

La iniciativa del Cenesex sumó a conferencistas como Luz Elena Aranda, co-secretaria general de ILGA mundo; y Karina Nazabal, concejala del municipio de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina.

El programa incluyó el Taller Nacional de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres lesbianas y bisexuales para el enfrentamiento a las violencias basadas en género, en Cienfuegos, y el 7mo taller Violencias, sexualidades y derechos humanos, en la provincia de Holguín, entre otros.

La jornada fue coordinada con la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y el Centro Oscar Arnulfo Romero. (2020).