Reproducción asistida, un derecho pendiente para mujeres lesbianas

Pese a los avances que en materia de derechos marca la nueva Constitución aprobada en Cuba en 2019, aún las mujeres lesbianas y bisexuales deben enfrentar numerosos prejuicios para defender su maternidad.
En ello coincidieron expertos y activistas participantes en el debate “Maternidad lésbica y reproducción asistida: entre el estigma y la discriminación”, un espacio que versó acerca de las brechas que persisten en la garantía de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres lesbianas y bisexuales (MLB), así como las perspectivas que podrían abrirse con nuevas legislaciones.

Yuleiski Moré, asesor jurídico del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), comentó que, ante la imposibilidad de acceder al programa de reproducción asistida y otras vías, muchas acuden a las relaciones heterosexuales o a la inoculación de semen fuera de centros de salud, lo cual hace que se expongan a enfermedades.
El derecho al ejercicio de la maternidad en las mujeres lesbianas es un reclamo de este grupo desde hace dos décadas, apuntó en el intercambio la activista Teresa de Jesús Fernández, coordinadora nacional de la red de MLB.

Uno de los foristas, Ernesto Luis, médico de profesión, señaló que los programas de reproducción asistida en el país están concebidos para parejas heterosexuales que, además, tengan problemas de fertilidad, lo cual deja doblemente fuera a la comunidad MLB.
A ello se suma la inexistencia de un banco de semen, una seria limitación tanto para ellas como para aquellas mujeres que opten por una maternidad independiente, agregó.
La obligatoriedad de encontrar un hombre que realice la donación de esperma de forma voluntaria genera, igualmente, dilemas éticos y legales en relación con los derechos a la paternidad, y de acuerdo con los participantes es un asunto que ya ha propiciado procesos judiciales, algunos acompañados por el Cenesex.

Moré explicó que la Carta Magna cubana es una de las pocas en el mundo que respalda de modo explícito los derechos de las personas LGTBIQ, fruto de más de una década de activismo ciudadano e institucional, y de una progresiva labor política y gubernamental en función de la educación integral de la sexualidad.

Destacó la relevancia del Artículo 42, referido al derecho a la igualdad y la no discriminación, así como al 43, que aborda los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y pone al Estado como garante para ese desarrollo integral.

Recordó, además, que recientemente se aprobó el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, “que es perfectible, pero de alguna manera deja clara la voluntad política de lograr la igualdad de todos sus ciudadanos y particularmente la igualdad de género tan añorada”.

Sin embargo, reconoció que en materia legal aún hay muchas brechas, algunas de las cuales deben quedar solucionadas con el nuevo Código de las Familias y la Ley de Salud, en los cuales se ha venido trabajando, con una participación fundamental del Cenesex en la redacción las normas jurídicas, incluidas en el cronograma legislativo del Parlamento.
“Pero no basta con que estén dictadas las normas jurídicas”, precisó Moré. “Paralelamente se debe trabajar en las áreas de sensibilización, de capacitación a los operadores que tendrán que ver con este tipo de asuntos, como los del Derecho y quienes prestan servicio de salud, entre otros”, dijo.

Continuar con el activismo y exigir que se garanticen los derechos aprobados por la mayoría fue uno de los puntos comunes expuestos durante el intercambio. También la necesidad de trabajar la comunicación, la promoción, el debate en diferentes niveles y comunitario, para sumar a más personas.

Una sugerencia realizada por la administradora del grupo, la siquiatra Yamira Puentes, fue que los grupos LGTBIQ se unieran y, desde la evidencia, mostraran los resultados y vacíos que existen en la Constitución y la nueva Ley de Salud Pública.

“Eso sería un primer paso. Hay activistas con buena preparación; investiguen, publiquen, demuestren…en otros países ha dado resultados”, exhortó.
El precedente jurídico sentado por Dachelys Valdés y Hope Bastian, dos mujeres que lograron registrar a su hijo Pablo como un bebé con dos madres, también figuró entre los asuntos analizados en la jornada.

De igual forma, salió a relucir la preocupación sobre si el plebiscito previsto para la aprobación del Códigos de las Familias se convertirá en un instrumento para limitar los derechos de las personas LGBTIQ.

Al respecto, el especialista del Cenesex respondió que, por primera vez, la Constitución fija el principio de progresividad, el cual establece que todo el ordenamiento jurídico que se dicte en materia de derechos tiene que ir a por más, nunca a eliminarlos.

“Los que están (derechos) hay que perfeccionarlos, garantizar su cumplimiento y ejercicio efectivo, pero no se puede involucionar en materia de derechos en nuestro país”, añadió.
El debate ocurrió el jueves 18 de marzo de forma virtual, en el grupo de Telegram AcompaSex, un espacio psicoeducativo moderado por profesionales de la salud, en el cual pueden participar todas aquellas personas interesadas en temas relacionados con la salud sexual, cada jueves, entre las 4:00 pm y 5:30 pm.