Tomado de: www.redsemlac-cuba.net
Por: Dixie Edith
Foto: Tomada de Canva
Contar con información y estadísticas es esencial para avanzar en protocolos de parto respetuoso, ya que permitiría visibilizar una forma específica de violencia de género como la obstétrica y dimensionar la magnitud del problema en cada contexto concreto.
“Es importante tener indicadores sobre violencia obstétrica porque lo que no se mide no se puede conocer, analizar y, sobre todo, visibilizar”, confirmó a SEMlac Isisis Alonso Expósito, especialista de la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública (Minsap).
Existe reconocimiento internacional de que contar con cifras y datos es clave para diseñar, implementar y evaluar políticas y programas dirigidos a prevenir y erradicar esta problemática, cada vez más identificada y denunciada.
Sin datos confiables es difícil asignar recursos, identificar prioridades o medir el impacto de las intervenciones, precisa el informe “¿Qué dicen los datos públicos? Radiografía de la violencia obstétrica y la muerte materna”, publicado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), de México, en 2023.
Algunos de los principales indicadores que se recogen a nivel global en esta materia tienen que ver con las formas de violencia directamente percibidas por las gestantes, que incluyen malos tratos verbales o físicos; negación de anestesia o atención médica; imposición de procedimientos médicos no consentidos; ignorar o desestimar las quejas o necesidades de la paciente o el aislamiento del bebé sin justificación médica.
Uno de los más importantes, sin dudas, es el porcentaje de mujeres informadas adecuadamente sobre los procedimientos realizados y que otorgaron su consentimiento de manera libre y voluntaria.
Pero también se cuenta el número de partos resueltos por cesárea sin indicación clínica, el empleo de episiotomías de rutina (incisión quirúrgica en el perineo femenino para ampliar la abertura vaginal), o el uso de oxitocina para agilizar el parto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, recomienda como aceptable una tasa de cesáreas de entre 10 y 15 por ciento, pero alerta que, en algunos contextos, la tasa supera 40 por ciento.
En Cuba, desde 2017 las tasas de cesáreas primitivas – las que se realizan por primera vez en a una mujer- permanecen en valores entre 18 y 19 por ciento, reflejan datos del Programa de Atención Materno Infantil (Pami) analizados en la “Guía de actuación para la atención al parto respetuoso”, publicada en 2022 por el Minsap, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Alonso Expósito coincide con el valor de algunos de esos indicadores y su aplicación en el caso cubano. En su opinión, el número de episiotomías se podría contabilizar, al igual que los partos donde la gestante cuenta con acompañante.
“La satisfacción de la mujer se puede recoger por encuestas y las quejas sobre la atención se pueden obtener de los departamentos de atención a la población de las unidades de salud”, precisó esta especialista en estadísticas.
Además, Alonso Expósito considera que el consentimiento informado debe formar parte de la práctica médica, pues es “lo orientado” y, si no se cumple, también habría que recogerlo a partir de entrevistas o encuestas.
“Hay un número de hospitales seleccionados para el proyecto de parto respetuoso y sería valioso conocer qué indicadores están ya reportando en esos lugares”, añadió.
Un estudio realizado en el Hospital General Docente Ciro Redondo García, en Artemisa, propuso un sistema integral de indicadores que abarca desde la información y el consentimiento hasta la humanización del parto y la percepción de las mujeres sobre la atención recibida.
Esta propuesta, basada en evidencias y validada por expertos, podría constituir un modelo para su implementación a nivel nacional, facilitando la recolección sistemática de datos y el diseño de estrategias de mejora, asevera el artículo “Indicadores de calidad para evaluar la atención al parto con enfoque respetuoso en servicios obstétricos”, de Lareisy Borges Damas, Rolando Sánchez Machado y Alicia González Portales.
Este sistema de indicadores contempla múltiples dimensiones que reflejan tanto las prácticas clínicas, como la percepción subjetiva de las mujeres.
Borges Damas, también coautora de la guía antes citada, considera entre los aspectos de prioridad la información proporcionada a la paciente y la obtención del consentimiento informado antes de cualquier procedimiento, “lo que busca garantizar la autonomía y participación activa de la mujer en su proceso de parto”.
La propuesta también incluye la medición de la frecuencia de intervenciones obstétricas invasivas realizadas sin justificación médica clara, entre las que se incluyen las episiotomías, por ejemplo, en coincidencia con las valoraciones internacionales y la opinión de Alonso Expósito.
Además, el modelo incorpora la evaluación del acceso al acompañamiento durante el trabajo de parto y el parto, un elemento fundamental para la humanización de la atención y el bienestar emocional de la mujer.
Igualmente, se incluyen indicadores que registran la presencia de maltrato verbal o psicológico por parte del personal sanitario, así como la satisfacción materna con la atención recibida.
Otra dimensión relevante del sistema es la evaluación de la separación innecesaria e inmediata entre madre e hijo tras el nacimiento, una práctica que contraviene las recomendaciones internacionales sobre contacto piel con piel y lactancia precoz.
“Este conjunto de indicadores fue diseñado teniendo en cuenta las particularidades del sistema de salud cubano y las normativas vigentes, así como las barreras institucionales que dificultan la transformación de las prácticas obstétricas”, aseguró Borges Damas a SEMlac.
La propuesta reconoce que la violencia obstétrica está institucionalizada y que su erradicación requiere no solo cambios en los protocolos clínicos, sino también en la cultura organizacional y la formación del personal de salud.
Su aplicación permitiría la recolección sistemática de datos, facilitando la identificación de áreas críticas y la evaluación del impacto de las intervenciones dirigidas a promover partos respetuosos, sentando las bases para políticas públicas basadas en evidencia y orientadas a garantizar una atención obstétrica digna, segura y respetuosa.