Tomado de: www.ipscuba.net
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
La disyuntiva entre implementar alternativas que generen financiamiento y proteger la biodiversidad, derivada de la inclusión de las áreas protegidas en el paquete de 176 medidas impulsadas por el gobierno, ha generado un inusual debate en Cuba sobre los límites de las transformaciones y la protección del medio ambiente.
El intercambio ciudadano, fundamentalmente en redes sociales, involucró a representantes de la sociedad civil, juristas y especialistas de diversos ámbitos, comunicadores, así como a instituciones nacionales.
“Buen debate, fue esperanzador ver que, en medio de carencias y apagones, la gente se pronunciara sobre un asunto tan delicado, cuando otras temáticas medioambientales suceden sin reacción alguna. Hay una delicada línea en esa propuesta que no debe cruzarse para defender los recursos naturales”, opinó una ingeniera forestal vinculada a la investigación.
La propuesta de transformación, aprobada dentro del paquete de 176 medidas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) el pasado 30 de julio, fue incluida en el eje temático 19, de un total de 23, titulado Transformaciones en el comercio, la gastronomía y los servicios, algo que algunas personas consideraron inadecuado.
La medida 154, autoriza la licitación a “empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento, fijando las condiciones para su explotación, incluyendo porcientos de ventas en pesos y en divisas”.
Alertas enfocadas en la protección
La primera reacción provino de la oenegé Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ), en una declaración compartida en redes sociales que generó de inmediato un considerable respaldo de diferentes voces dentro de Cuba, tanto de especialistas como de la ciudadanía.
“Las Áreas Protegidas deben ser excluidas de la medida No. 154. Estos espacios constituyen el patrimonio natural más valioso de la Nación cubana y, por su régimen jurídico especial, no deben ser objeto de licitación”, asegura el texto dirigido al parlamento cubano por esta organización civil, científica y cultural sin fines de lucro, constituida en 1994.
No obstante, admite la declaración, “los servicios compatibles con los objetivos de conservación que se desarrollen en las áreas protegidas puedan ser objeto de contratos, arrendamientos o licitaciones, conforme a la legislación vigente, al respectivo plan de manejo, y en coordinación con la administración” del área.
Miembro de la Junta Coordinadora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y única oenegé en Cuba que administra dos áreas, la fundación propuso una “formulación que contemple, exclusivamente, la eventual licitación de servicios dentro de ellas, preservando en todo momento la integridad del área protegida como patrimonio natural de la nación”.
En redes sociales, la internauta Amnerys G. Rossell planteó que “se sigue confundiendo administración privada de áreas protegidas con licitación de la gestión de las áreas, que son cosas muy diferentes”.
A su juicio, la medida “da la impresión de que se pone en subasta pública, al mejor postor, la administración de parte de los más valiosos tesoros (en el caso de las áreas protegidas del país). Y, lo que es peor, es que está abierto a administraciones extranjeras”.
Especialistas expresaron temor sobre el riesgo de mercantilización de la naturaleza, recalcando que la generación de beneficios económicos no debe anteponerse a la conservación estricta. Alertaron, además, sobre el peligro de fragmentación de hábitats de especies endémicas o en peligro crítico en zonas altamente vulnerables.
Otra mirada desde la institucionalidad
Otros criterios sacaron a la luz una realidad: muchas áreas carecen de administración porque las instituciones estatales están deprimidas en personal o no tienen capacidad suficiente, a la vez que consideraron que gestores privados podrían hacer contribuir a la labor del SNAP.
En ese sentido, desde la institucionalidad se defiende la medida, como una vía necesaria en los tiempos actuales que vive Cuba para diversificar fuentes de ingresos, atraer inversión y fortalecer la gestión y sostenibilidad financiera en un contexto de insuficientes recursos. Según el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez, de las 156 áreas protegidas declaradas en el país, varias carecen de planes de manejo actualizados, lo que representa un desafío para la gestión efectiva de la biodiversidad y los ecosistemas. A su juicio, los análisis deben partir de las posibilidades reales del país.
A su vez, recordó, la constitución y la legislación medioambiental vigente ratifican la responsabilidad estatal en la administración y uso sostenible de esos valores y consideró que las medidas no varían la esencia de las áreas: garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los valores naturales, históricos y culturales.
De acuerdo con Maritza García, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, en el mundo existen áreas protegidas en manos privadas, que tienen sus planes de manejo y operativo y responden a las disposiciones del sistema que las rige. Eso “es lo que nos corresponde a nosotros”, afirmó.
En un video compartido en la página de Facebook del ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, García señala que todo dependerá de “que el director nuestro, el que nos represente en el área protegida, esté convencido de la importancia, del valor que tiene su área y del objeto de conservación que hay que cuidar”.
Por su parte, Omar Cantillo, director del Centro Nacional de Áreas Protegidas, recordó en ese canal que en 127 de los 168 municipios cubanos existen esos espacios y cerca de 35 tienen más del 30 % de su superficie protegida. Sin embargo, “las medidas tienen un grupo de actores, pero en casi todas se omite la comunidad”, alertó.
Generalmente, consideró, las áreas protegidas se ven como un espacio cerrado que tiene flora y fauna, “pero allí viven personas, bastantes, y si la gente vive mal, no puede pensar y eso hay que resolverlo”. Estas medidas podrían mejorar la calidad de vida de las más de 700 comunidades que existen en las áreas, afirmó. (2026)