Tomado de: www.redsemlac-cuba.net
Por: Natividad Gerrero Borrego
Foto: SEMlac Cuba
La actualización de las normas jurídicas en Cuba se ha intensificado en los últimos años, así lo evidencia la puesta en vigor de la Constitución de la República en 2019 y del Código de las Familias, en 2022, entre otras. Los procesos populares de consulta a que fueron sometidos sus contenidos develaron diversos criterios en torno a las infancias y adolescencias, esencialmente relacionados con su protección.
En ese contexto se pusieron de manifiesto posiciones fundamentalistas que promovieron, sobre todo, la absoluta responsabilidad de madres y padres por sus hijos e hijas en cuanto a su educación sexual, dejando fuera el rol de otros actores sociales altamente significativos en su formación y salud integral.
Muchas de estas opiniones no reconocieron la necesidad de preparación especializada en estos temas, justo en momentos importantes del crecimiento y desarrollo de adolescentes y jóvenes.
Entre los temas en conflicto se incluyeron los relacionados con la salud sexual y reproductiva, básicamente relacionados con las infancias y adolescencias de los grupos etarios de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Se confirmó, en no pocos casos, cómo madres y padres decidían todo sobre sus hijos e hijas, sin considerarlos sujetos de derecho; no siempre estaban al tanto de si tenían relaciones sexuales, pero sí asumían la decisión de continuar un embarazo o interrumpirlo cuando este aparecía, sin contar con la opinión de los padres del futuro bebé. En ese mismo camino, muchos progenitores no siempre se enteran de si sus hijas e hijos tienen una Infección de Transmisión Sexual (ITS), pues muchos de estos muchachos y muchachas se automedican, de acuerdo con la experiencia de sus coetáneos.
Otras situaciones en conflicto, verificadas en los últimos años como parte de nuestras realidades, evidencian que esas relaciones de poder, en exceso verticales en las familias, también evidencian manifestaciones de violencia. Es el caso de niños y niñas intersexuales cuyas madres y padres, junto al personal médico, deciden operar y definen el sexo de su descendencia. O de una niña de 14 años, víctima de violación, cuya familia decide que tenga su bebé sin respetar su derecho a opinar y decidir cómo se sentiría mejor. Otro ejemplo puede ser el de un adolescente rechazado en su familia por ser transexual o saberse diferente en cuanto a su identidad sexual.
En fin, los conflictos en torno a las sexualidades, en cualquier lugar del mundo, suelen ser múltiples y diversos; pero en un país como Cuba, donde la voluntad política ha sido la de proteger a sus infancias y adolescencias, se requieren otras líneas de acción. Esa voluntad política, en este caso, no es suficiente, pues está mediada por decisiones personales que ocurren al interior de las familias, tomadas por madres, padres y tutores ante diferentes situaciones, al asumir una actitud adultocéntrica. Ellos son la autoridad y los implicados solo obedecen, pues ellos “saben lo que es mejor para ellos y ellas”. Es como si los cuerpos de sus hijas, hijos o personas jóvenes bajo su cargo les pertenecieran.
Durante los procesos de actualización de las normas jurídicas circularon en redes sociales digitales, y también por otras vías de socialización, criterios que solo llevaron a confundir y generar preocupación en familias y actores sociales encargados de la educación de chicos y chicas. Se emplearon formas tan absolutas y convincentes que, todavía hoy después de aprobadas estas normas, hay quienes no entienden y asumen actitudes que no les permiten comprender la importancia de la participación de cualquier adolescente o joven–y el derecho que les asiste- a tomar las decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. Esto ocurre, incluso, en personas con alto nivel cultural.
Sin embargo, luego de la puesta en marcha de estas legislaciones, corresponde trabajar intensamente en la sensibilización y educación de toda la población para evidenciar la naturaleza saludable y humana que implica el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos.
Que una muchacha tenga que parir sin que lo prefiera y luego criar a un bebé durante toda la vida, con el conflicto de haber sido gestado en una violación, es imponerle una decisión tomada por sus representantes adultos y obligarla a vivir con el recuerdo de un acto reprobable y despreciable, que seguro desea olvidar. Esto sucede porque se asume que la muchacha no está en capacidad de tomar una decisión.
Se genera otro conflicto cuando se decide definir el sexo de una persona, comprendida en las edades mencionadas, sin su consentimiento, pensando que la decisión familiar y médica es la correcta.
Sobre estos temas hay mucho que explicar y mucha información que obtener; se debe saber de qué va cada proceso, qué consecuencias traerá la decisión que se tome en cada caso; qué provocó el hecho y cómo ser de ayuda para buscar la mejor solución para un determinado conflicto. Pero, sobre todo, se necesita conocer más sobre las infancias y adolescencias. ¿A qué se refieren esas familias cuando se afirma que el muchacho o muchacha “no tiene capacidad para…”? Eso es, en primera instancia, negarle su derecho a decidir, ignorar su desarrollo personológico, su integridad y, además, invisibilizarles como seres humanos con opinión y capacidad de decisión. No se les considera sujetos de derecho, no se les escucha, ni se les permite participar en las decisiones cotidianas de las cuales forman parte; no se comprende su proceso de crecimiento.
Por lo general, en Cuba estos grupos que conforman las dos primeras décadas de vida son atendidos por sus familias, personal docente y de salud, esencialmente, quienes contribuyen a su crecimiento y formación. También influyen entrenadores, profesores de música, danza, entre otros adultos cercanos y admirados por alguna razón. A veces, por ejemplo, se habla con madres y padres sobre las habilidades y talento de sus hijos e hijas y no directamente con ellos. En cambio, cuando los más jóvenes son sobreprotegidos, sus familias no siempre se dan cuenta de las consecuencias que ello genera, pues les cuesta “respirar por ellos mismos” y no siempre se dan cuenta de que ya crecieron y cuánto pueden hacer de manera independiente.
No caben dudas de que se trata de un proceso complejo de crecimiento y desarrollo, donde quien ayuda a crecer debe saber cuándo puede soltar a su descendencia “para que camine sola”. La familia apoya y acompaña, pero debe estar preparada para cuando sus protegidos necesiten “fortalecer sus propias alas”. Hijos e hijas también necesitarán probar que ya están listos, lo que no significa que renieguen de sus formadores, pues consultarles, mirar hacia ellos en busca de aprobación, preguntarles e intercambiar es legítimo y, muchas veces, necesario. Pero no se puede negar el desarrollo; en él se producen pérdidas y ganancias, hay dolor y satisfacción, solo que no en todas las familias ocurre de la misma manera.
El proceso de sensibilización y educación sobre la autonomía progresiva debe estar presente en la preparación de quienes están en crecimiento, pero también en la de quienes educan, pues se requiere que los acompañen en esa trayectoria de adquisición de habilidades para decidir por sí mismos, sin temor a equivocarse. El acompañamiento adulto les da la posibilidad de sentirse acompañados y les permitirá analizar con ellos los pros y los contras de las decisiones que consideren, con el respeto que se merecen todas las partes.
Por lo tanto, cuando se habla y defiende la autonomía progresiva, se hace referencia a ese proceso continuo que se produce desde el nacimiento, en el cual los bebés van de la mano de su familia, luego de sus formadores y educadores, hasta que caminan solos, piensan, sacan sus conclusiones, pueden compartirlas con los adultos y discernir, sin que se les considere irrespetuosos. Se trata de un proceso paulatino que lleva años y en el cual se observa, poco a poco, cómo va madurando y consolidándose, de manera que estas personas puedan estar listas para tomar decisiones sobre sí mismas en el contexto que les rodea.
Se sabe que las sociedades patriarcales son muy adultocéntricas, lo que implica que la voz adulta decide. Pero los tiempos cambian y las ciencias avanzan, de manera que las evidencias que muestran las investigaciones sociales y médicas corroboran y sugieren procedimientos más efectivos para lograr generaciones humanas más independientes, autónomas, que puedan asumir con responsabilidad sus actos y decisiones y, sobre todo, que sean libres de tomar sus propias decisiones cuando están en capacidad de poder hacerlo, sin sufrir ninguna imposición o violación de sus derechos.
La sugerencia implica flexibilidad, pues ya se conoce que los seres humanos somos irrepetibles; por tanto, en cada etapa de la vida, las personas también son únicas. Incluso, una misma persona puede ser más dependiente en un tiempo y luego más autónoma, lo cual estará en correspondencia con su trayectoria de vida, contexto, experiencias, crecimiento y desarrollo personal. Cada situación, en un momento dado, debe ser tratada con la singularidad que lleva, lo que significa que una realidad compleja producida en la infancia deberá ser analizada, no solo a partir de la autonomía progresiva de la edad del chico, chica o trans, sino de manera integral, pues la autonomía debe acompañarse de otros elementos y evaluar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
En cada situación compleja, las normas jurídicas vigentes en Cuba apuestan porque las personas sean sujetos de derecho; puedan participar o decidir sobre sus cuerpos, incluso puedan contar con especialistas que acompañen algún proceso para que, en todos los casos, se tome la decisión que favorezca más favorezca sus intereses.
Desconocer las bondades de las actuales normas jurídicas, hacer caso omiso e incluso defender la autoridad absoluta sobre otra persona con posibilidades de responder por sí misma, es una forma de maltrato que viola su derecho a ser protagonista de su propia vida, libertad y emancipación personal.