Tomado de: www.ipscuba.net
Con avances en el reconocimiento de la existencia de violencia de género y la necesidad de prestarle oídos a las víctimas, Cuba busca una estrategia de prevención y atención que responda de manera integral a este complejo problema social.
Como señal de los cambios el tema regresó una vez más a la televisión estatal, que en su programa Mesa Redonda expuso el 16 de junio los criterios sobre el ámbito jurídico, la prevención y los pasos más recientes en el camino para la atención a la violencia de género.
Un panel integrado por Osmayda Hernández, secretaria ideológica de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Lysnay Mesero, Directora de procesos penales de la Fiscalía General de la República, y Rufina Hernández, magistrada del Tribunal Supremo Popular, compartió reflexiones y novedades acerca del asunto.
Esta violencia “afecta a todas las sociedades y genera brechas de desigualdad que lastran los esfuerzos de cualquier gobierno para alcanzar la plena igualdad y justicia social, tan necesarias para el desarrollo sostenible”, dijo la funcionaria de la FMC.
A la vez, aclaró los conceptos de femicidios y feminicidios. El primero, según la activista y escritora sudafricana Diana Russell (1938 – 2020) es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo, misoginia, por sentirse con derecho a hacerlo o por suposición de propiedad.
En tanto, el feminicidio, de acuerdo con Marcela Lagarde (1948-), antropóloga e investigadora mexicana, es el acto de matar a una mujer por el solo hecho de serlo, sin que haya una actuación del Estado para evitarlo o castigarlo.
Mientras activistas defienden en redes sociales una ley integral contra la violencia de género, e incluso presentaron una propuesta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la balanza se inclina hacia la transversalización en el resto de la legislación.
“Es un tema polémico donde realmente no hay consenso en el mundo académico ni, pudiéramos decir, en la sociedad”, dijo la magistrada del Tribunal Supremo.
A su juicio, “con la nueva constitución, con las leyes que estamos haciendo, si a todas esas leyes, le damos un enfoque de género, veremos materializados todo lo que necesitamos para combatir la violencia de género”, afirmó Hernández.
Garantías para las víctimas
Según las panelistas, la Constitución de la República, que en su articulado establece los principios de igualdad y dignidad y califica la violencia como destructiva, abre caminos para la atención a este problema mediante la legislación que está en proceso de actualización, como parte del cronograma legislativo del país.
Al respecto, indicó Mesero, aunque ya el Código Penal prevé más de 12 tipicidades delictivas que recogen este tipo de conducta, tanto el nuevo texto como en la nueva ley del proceso legal darían tratamiento a este asunto, con garantías para las víctimas, entre ellas:
- Quienes han sufrido violencia, ya pueden tener representación letrada y ser parte del proceso, si así lo desean.
- La víctima tiene derecho a que el agresor tenga una medida cautelar de no acercamiento a ella ni a su familia.
- La víctima puede pedir que su declaración sea en privado o filmada, y no tener que concurrir al acto del juicio oral, así se evita la revictimización.
- A partir de que declare, puede visualizar el acto del juicio del que es víctima y, si es parte, estar desde el inicio en el acto del juicio oral.
Estrategia en camino
Según Mesero, se dan los pasos finales para presentar al Consejo de Ministros una estrategia de prevención y atención, cuyo fin es garantizar la respuesta integrada e integral a la violencia de género, sustentada en el trabajo cooperado del personal de servicio, agentes sociales y comunidades, con amplia participación de la sociedad.
La estrategia, dijo, “planifica, organiza, implementa y evalúa acciones de todos los organismos y todos los actores sociales articulados en los ámbitos de la comunicación, educación y formación continua, prevención, protección, legislativo, información estadística, investigación y seguimiento”.
Con acciones para “una atención oportuna a la detección, identificación, prevención y atención a los daños, las víctimas y sobrevivientes” se daría respuesta a recomendaciones de tratados y compromisos contraídos por Cuba, como las convenciones para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y de los derechos del niño.
Por otra parte, apuntó Mesero, si es aprobada la estrategia, esta tendría carácter vinculante para todos los organismos de la administración central del Estado que tienen responsabilidad en la prevención y atención de la violencia de género, así como en los protocolos de actuación en esos casos.
Algunas estadísticas
Además del reconocimiento de la existencia de violencia de género, uno de los reclamos de la academia y la sociedad civil ha sido la necesidad de estadísticas para conocer la magnitud del asunto.
En el panel televisivo, Mesero reveló que al cierre del mes de abril de 2021 la fiscalía atendió 33.852 víctimas de violencia de género, de ellas, el 24 por ciento eran mujeres; en 221 casos ellas denunciaron ser víctimas de algún tipo de violencia.
Según la directora de procesos penales de la Fiscalía General de la República, la investigación por parte de los fiscales arrojó que el 37 por ciento de casos tenían razón.
Entre las 21.000 llamadas recibidas en la Línea Ayuda (número 103), que desde diciembre pasado a propuesta de la FMC da atención también a esta problemática, el 4 por ciento de las denuncias (410) estuvo relacionado con casos de violencia.
La Encuesta Nacional de la Igualdad de Género realizada en 2016, recordó Hernández, arrojó que 39,6 por ciento de las encuestadas dijo haber sufrido violencia en algún momento de su vida, “la puntita del iceberg, porque ¿cuántas ni siquiera lo dicen por prejuicios?”, lamentó.
Por otra parte, si bien más del 85 por ciento de las personas encuestadas reconoció la existencia de servicios a instituciones para recibir orientación y ayuda, solo el 3,7 por ciento de las víctimas de esa violencia acudió a su búsqueda. (2021)