Tomado de: www.ipscuba.net
Foto: Archivo IPS Cuba
Los cuidados y violencia de género, sus interconexiones, avances y los desafíos que enfrentan analizó el coloquio organizado cada año por la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes) y el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR).
A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, investigadoras, representantes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y del Sistema de Naciones Unidas analizaron este viernes 25 en La Habana los nexos entre cuidados y violencia de género, división sexual del trabajo y los cuidados.
“El cuidado atraviesa toda una serie de ejes de discriminación y se conecta con las violencias basadas en género. El coloquio lanza una mirada a un tema importante, los cuidados de la vida y una interpretación como derecho universal”, argumentó Beatriz Torres, presidenta de Socumes, sobre la selección del tema de 2022.
La psicóloga destacó el trabajo realizado durante 2021 y 2022 por avanzar de manera coordinada en la construcción conceptual de un futuro sistema de cuidados en Cuba.
En esta ocasión, el coloquio se desarrolló en un contexto diferente: existen una Estrategia nacional de prevención y atención a la violencia de género, un Plan para el adelanto de las Mujeres y nuevos Código de las Familias y Penal. Sin embargo, quedan por llenar vacíos en los cuidados, la capacitación y llevar todo a la práctica, opinaron especialistas.
La profesora e investigadora Magela Romero disertó Sobre los pasos transitados de conjunto entre la academia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otras instituciones, hacia una política para la creación en el país de un Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida.
Según dijo, el sistema debe ser “integral porque tendrá como meta el bienestar, la plenitud, el alcance del máximo potencial” y “de la vida, porque serán todas las vidas, no solo de las personas mayores, de las infancias o de quienes viven en situación de discapacidad. Estamos hablando de todas las vidas”, aclaró.
Complejidades que merecen atención
La experta en violencia de género Clotilde Proveyer señaló que “la violencia estructural se refiere al daño potencialmente evitable en el que, a pesar de que no existe un actor identificable que provoca la violencia, esta es explicable a partir de estructuras sociales que producen distribuciones inequitativas de poder y de los recursos”.
Proveyer alertó que cuando las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, enfrentan dificultades para democratizar las responsabilidades domésticas, experimentando una sobrecarga, donde las discriminaciones de sexo-género se potencian a modo de capas que las alejan de la equidad.
Esta violencia, dijo, está implícita en los roles de cuidados y la atención de otros asignados a las mujeres, lo que compromete sus opciones individuales y su autonomía, constituyéndose en una clara manifestación de violencia estructural.
Según destacó, la erradicación de la violencia estructural de género requiere de un abordaje integral, que es posible adoptando medidas en clave de género, pero también en clave étnica-racial, de origen social y de otras dimensiones sociales, con una mirada multidimensional, de corte político, abarcando los factores individuales, familiares, sociales, culturales e institucionales”.
A juicio de la investigadora Lucía García, “en la sociedad patriarcal, la tenencia de un hijo/a, un familiar o presentar discapacidad como un hecho congénito o accidental ocurrido, en cualquier etapa del ciclo vital, coloca a la mujer en situaciones de violencia reproductiva, económica, sexual, patrimonial y la sumerge en una culpabilidad y discriminación perennes”.
Desafíos
Al abordar los derechos y cuidados, entre los desafíos pendientes, la jurista Ana María Álvarez-Tabío, mencionó el reconocimiento efectivo del cuidado como un derecho humano, su valorización social y su justa retribución.
A su juicio, significa incorporar a los cuidadores no profesionales a la seguridad social, pagar un salario al que cuide, elaborar del presupuesto con perspectiva de género, reconocer los años dedicados a los cuidados en la jubilación o para la asistencia social.
A su vez, consideró, implica establecer condiciones laborales favorables para la conciliación entre vida familiar y laboral, tener opciones de flexibilidad laboral con semana reducida o un horario modificado y que se incluya en los contratos laborales el trabajo compartido, el teletrabajo y el reconocimiento de las tareas de cuidado.
Otro reto está en los datos. Para Teresa Lara, es preciso medir los cambios, lo que demanda el empleo de indicadores oportunos, fiables, comparables y válidos, a la vez, deben ser desarrollados de manera participativa, ser susceptibles de desagregar, cualitativos y cuantitativos, accesibles y fáciles de utilizar y comprender.
Por su parte, la psiquiatra Ada Alfonso se refirió a las redes de cuidado de las comunidades LGTBI y en específico, las trans, en momentos críticos como hospitalizaciones, reclusión en centros penitenciarios y en medio de desastres, cuando emerge un cuidado colectivo y espontáneo y es preciso conocer qué está haciendo la sociedad para esas personas. (2022)