Tomado de: www.ipscuba.net
Foto: Jorge Luis Baños / IPS
La cubana Gloria Zaldívar ahora sabe que cuando sus hijos le dejaban a los nietos porque necesitaban ir a alguna fiesta, o ignoraban sus opiniones sobre algún asunto familiar, estaba siendo maltratada y limitada en su autonomía y bienestar.
“Yo también hacía planes para salir al teatro con mis amigas. O necesitaba estar a solas, oyendo música y haciendo manualidades, algo que disfruto desde antes de jubilarme. Quiero mucho a mis nietos y me sentía culpable si decía que no”, señaló a IPS esta farmacéutica jubilada de 68 años residente en La Habana.
Zaldívar detalló que fue en cursos de la universidad del adulto mayor donde aprendió sobre el respeto a sus espacios y tiempos, y de la necesidad de deconstruir mitos como que ya no están en capacidad de tomar decisiones, que carecen de vida privada y sexual y encuentran su única satisfacción en cuidar a los más jóvenes.
“La sobrecarga doméstica y los roles asociados a los cuidados pueden ser contemplados como una expresión de violencia, del orden patriarcal que domina, explota, discrimina y vulnera los derechos de las mujeres”, explicó a IPS la socióloga Magela Romero.
La profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana argumentó que “una redistribución y revalorización del trabajo mejoraría las posibilidades reales de ampliar las posibilidades de desarrollo, autonomía y bienestar de ellas”.
En ello coincide la comunicadora Geidy Hernández, quien consideró “la desvalorización e invisibilización del trabajo de cuidados en el seno familiar”, entre las principales manifestaciones de violencia que sufren, sobre todo, las adultas mayores.
Está naturalizada la idea de que, “tras cesar su labor como trabajadoras fuera de casa, están “obligadas” a asumir las labores de cuidado domésticas”, recordó a IPS la especialista del Grupo de Estudios sobre Familias del estatal Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, con sede en La Habana.
Al difundirse sus resultados a inicios de 2019, la Encuesta Nacional de Igualdad de Género, realizada en 2016, mostró que las cubanas dedican semanalmente un promedio de 14 horas más que los hombres al trabajo no remunerado que incluye la atención a personas adultas mayores, enfermas crónicas y dependientes, así como apoyar las tareas escolares de niñas, niños y adolescentes.
En otros casos, se considera que sus jubilaciones son insuficientes “para respaldar los gastos del hogar. Y por eso se les considera inferiores, se les grita, humilla y hasta se les violenta, quitándoles sus ingresos”, enfatizó Hernández.
Baja prevalencia del maltrato, pero…
La violencia hacia las personas mayores, que incluye el maltrato físico, psicológico y financiero, junto con la desatención y abusos sexuales, es un tema complejo, con múltiples dimensiones y en ocasiones invisibilizado o poco abordado en este país caribeño de 11,1 millones de habitantes.
Si al cierre de 2021 la isla registró 21,6 % de su población con 60 años o más, se pronostica que para 2035 la proporción de adultos mayores será de un tercio, lo cual confirma el acelerado proceso de envejecimiento demográfico.
En el último año, una de cada seis personas mayores de 60 años en el orbe sufrió algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios, una situación que tenderá a aumentar en muchas naciones debido al rápido envejecimiento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los resultados de la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población (Enep) de 2017, cuyos resultados trascendieron en 2020, sugirieron una baja prevalencia en Cuba del maltrato hacia las personas mayores en el hogar y en su entorno comunitario.
Un 11 % de las personas entrevistadas confirmó haber experimentado al menos una situación de maltrato, y señaló como principal vivencia negativa “no haber formado parte de las decisiones tomadas en familia” y “no haberles proporcionado las ayudas técnicas que requieren como espejuelos, bastones, muletas”.
Asimismo, 16,1 % se reconoció como víctima de al menos una situación de violencia en la calle u otros lugares públicos, sobre todo por “atención inadecuada en lugares donde brindan servicios públicos”, y “comportamientos irrespetuosos, deshonrosos o insultantes”.
Para el médico Leonardo Bruzón, residente en la capital cubana, “muchos son tratados como personas incapacitadas, se les impide socializar o se les deja solos, lo cual puede provocarles un daño psicológico muy fuerte”.
Al hablar con IPS, Bruzón aludió a quienes se desentienden de sus progenitores, algunos de ellos terminan en situación de calle o terminan en un hogar de ancianos “porque primero los sacan de los cuartos para acomodar a sus familias y luego les hacen sentir que son un estorbo en su propia casa. Es duro, pero conozco casos así”, señaló.
Algo más que leyes
La Constitución cubana, vigente desde 2019, encarga al Estado, la sociedad y las familias proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores, así como respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración y participación social.
Políticas públicas y normas como el Programa nacional para el adelanto de la mujer, desde marzo de 2021, y la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, publicada hace un año, también apuntan hacia la protección de este grupo poblacional.
La ley del Código de las Familias, avalada en referendo el 25 de septiembre, aumenta los amparos ante la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, potencia la autodeterminación de las personas mayores y revaloriza los cuidados como un derecho.
No obstante, subsisten desafíos relacionados con la crisis económica interna que precariza aspectos de la vida cotidiana y con ello, la situación de vulnerabilidad de personas adultas mayores.
Se estima que unas 221 000 personas mayores viven solas en Cuba, en su mayoría mujeres, cuya esperanza de vida sobrepasa los 80 años, frente a casi 77 de los hombres.
De ese conjunto con una edad promedio de 71 años, más de 82 % cuenta únicamente con ingresos devenidos del trabajo o la jubilación, al tiempo que 8 % tiene necesidades especiales que ameritan auxilio de otra persona o cuidados constantes, corroboró la Enep.
Aunque el gobierno mantiene un sistema de distribución mensual de alimentos mediante una cartilla de racionamiento, las pensiones (la mínima es de 63 dólares equivalentes al cambio oficial) resultan insuficientes para completar las necesidades alimentarias y otras ante la elevada inflación, desabastecimiento de productos de primera necesidad, necesidad de hacer filas durante horas o transportarse.
Más de 75 000 adultos mayores de bajos ingresos –así como personas con discapacidad y casos sociales-, acceden a almuerzo y comida elaborados, con una calidad moderada, mediante el denominado Sistema de Atención a la Familia (SAF).
El déficit de 863 000 viviendas, junto con la escasa oferta de materiales de construcción y sus muy elevados precios, lleva a que generaciones de una misma familia convivan bajo un mismo techo, con impactos restrictivos en la autonomía y privacidad, además de abrir las puertas a posibles violencias en el ámbito doméstico.
Persisten asimismo estereotipos relacionados con la edad y la apariencia física que vedan el acceso de personas mayores, en plenitud de facultades, a puestos laborales en el sector privado.
Tales sesgos plantean desafíos a la educación desde las primeras edades y al desmontaje de la cultura patriarcal desde el ámbito de la comunicación, a partir de enfoques de género e igualdad de derechos.
Cambio cultural
El 25 noviembre sesionó en La Habana un coloquio sobre Cuidados y violencia de género, organizado por la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad y el no gubernamental Centro Oscar Arnulfo Romero, institución ecuménica de inspiración cristiana, promotora de acciones de prevención y atención a la violencia en espacios comunitarios.
La actividad ocurrió a propósito de los 16 días de activismo por la lucha contra la violencia hacia las mujeres y por los derechos humanos, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que cada año convoca en la isla a entidades gubernamentales y de la sociedad civil a espacios de reflexión con énfasis en prevenir y enfrentar ese flagelo.
Romero, una de las participantes en el panel, insistió en la necesidad de crear en Cuba un Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, enfocado en el bienestar y plenitud de todas las personas, tras “una transformación en la realidad social articulada con la división sexual del trabajo”.
Dicha transformación “implicaría no solo una reorganización social de las labores domésticas y de cuidado, sino también una mejor situación para que las mujeres, en particular las adultas mayores, tengan una vida más digna, autónoma y libre de violencias”.
Para Hernández, ese cambio cultural debe ir acompañado de una implementación coherente de las leyes y el apoyo de especialistas en el tema.
“La comunicación clara y directa al interior de las parejas, y en el ámbito familiar, el diálogo intergeneracional; educar sobre la base de la equidad, el respeto, la distribución equitativa de roles y la corresponsabilidad deben convertirse en premisas indispensables en la lucha contra las violencias hacia las mujeres, sin importar su edad”, enfatizó.