Estudio señala desigualdad de hábitat para mujeres negras en Cuba

Las mujeres negras enfrentan desventajas en el aprovechamiento de las políticas de vivienda y hábitat ejecutadas durante los últimos 12 años en Cuba, revela un reciente estudio.

Tomado de: www.ipscuba.net
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

Factores como desventajas socioespaciales y limitada capacidad para aprovechar políticas públicas inciden en las desigualdades de hábitat y vivienda que pueden seguir enfrentando las mujeres afrodescendientes en Cuba.

Así concluye un colectivo de especialistas en sociología, psicología, economía y desarrollo local en el artículo “Vulnerabilidades en la vivienda y el hábitat de mujeres negras de Cuba. Análisis prospectivos en tres escenarios de políticas públicas”, publicado en agosto pasado.

Bajo la coordinación de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, de conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Cuba y la Universidad de La Habana, el texto parte de un análisis prospectivo, la consulta a expertos y una encuesta a 51 mujeres acerca del tema.

Según las consultas especializadas, “las personas negras y mestizas están sobrerrepresentadas en los tipos de viviendas y barrios de mayor precariedad en su estado constructivo, en los servicios básicos, en las condiciones higiénico-sanitarias, en el estado de aceras y calles, en la seguridad ciudadana, entre otros aspectos”.

La investigación afirma que en el “último decenio, las políticas públicas de vivienda y hábitat han sido diversas. Se constata en la adopción de compromisos con la agenda internacional, la mirada crítica a formas de gestión burocratizadas y la promoción de políticas en consonancia con la heterogeneización de la estructura social”.

Sin embargo, en un contexto de “reformas positivas para la vivienda se reproducen o incrementan desigualdades que afectan a las mujeres negras”, apunta el artículo.

Desigual aprovechamiento de políticas

El texto informa que hasta 2017 se contabilizaron en Cuba 3.824.861 viviendas, el 39 por ciento de ellas en regular y mal estado técnico. En situación precaria fueron identificados 9.823 domicilios en cuarterías y 84.452 ciudadelas, además de 854 edificios en condiciones críticas.

Las provincias con mayores afectaciones en viviendas fueron Santiago de Cuba y La Habana, con 101.202 y 185.348 inmuebles con problemas y una incidencia en población negra y mulata del 74.4 por ciento y el 41.6 por ciento, respectivamente.

A pesar de las transformaciones vividas en el país, los expertos pronostican una tendencia a la reproducción y el aumento de las vulnerabilidades de mujeres negras, dadas las desigualdades socioespaciales.

Señalan que el establecimiento de los grupos prioritarios en las políticas perjudica algunos estratos sociales donde ellas se encuentran.

Tales condiciones, afirman los estudiosos, inciden en que estas mujeres no puedan aprovechar por igual las diferentes políticas de vivienda y hábitat ejecutadas en la nación caribeña en los últimos 12 años.

Bajo esta mirada resumen que las oportunidades menos aprovechadas por ese grupo son la construcción de nuevas viviendas por mecanismos estatales, cooperativas y esfuerzo propio, la edificación y conservación de residencias en el campo y el permiso para la compraventa de inmuebles, entre otras.

“Ello confirma que un escenario de nuevas oportunidades habilitadas por políticas no se convierte automáticamente en el espacio óptimo para superar desventajas sociales”, argumenta la investigación.

Asimismo, los autores del estudio insisten en que, para saldar con efectividad las deudas sociales históricas en la vivienda y el hábitat, “deben tomarse en cuenta las voces, experiencias y propuestas de sujetos donde convergen desigualdades interseccionadas, como es el caso de las mujeres negras, en especial las de menos recursos”.

En tal sentido, el artículo propone posibles reconfiguraciones de desigualdades, entre ellas, la capacitación y el trabajo social, las acciones afirmativas directas e indirectas en el marco de las políticas existentes y el perfeccionamiento de los procesos de gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. (2021)