Tomado de: www.redsemlac-cuba.net
Por: Lirians Gordillo Piña
Foto: SEMlac Cuba
Lograr que los servicios de atención se activen en función de las víctimas de violencia de género y sus necesidades necesita de la articulación de actores, la sistematicidad en la formación y la existencia de recursos para dar respuesta a este fenómeno, consideran especialistas.
“Poner a las mujeres en el centro significa que las víctimas no deberían moverse; son los servicios los que se activan y articulan en torno a ellas”, dijo la psicóloga Yohanka Valdés Jiménez durante un intercambio entre especialistas de Cuba e Italia, realizado el pasado 30 de enero en La Habana.
Representantes de la Consejería de atención a víctimas de violencia de género del Centro Oscar Arnulfo Romero (Oar) e integrantes de las organizaciones que lideran el proyecto “No más: prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en Cuba” intercambiaron con María José Caldés Pinilla y Catia Lolini, especialistas del sector de la salud en la Región Toscana.
El proyecto No más incluye entre sus objetivos fortalecer el trabajo de las Consejerías de la FMC de seis municipios de las provincias de Las Tunas, Granma, Guantánamo y La Habana; además de contribuir a la articulación de distintos actores en la respuesta comunitaria a las violencias machistas.
Financiado por la Unión Europea en Cuba, la iniciativa es liderada por la Federación de Mujeres Cubanas (Fmc), la Editorial de la Mujer y la asociación italiana COSPE, en alianza con el Centro Martin Luther King (Cmlk), el grupo Galfisa del Instituto de Filosofía de Cuba y la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
El intercambio entre especialistas de Cuba e Italia contribuyó a identificar prácticas, procesos y rutas para la implementación de servicios efectivos, en un momento en el que la nación del Caribe cuenta con varios instrumentos jurídicos y políticas gubernamentales para la respuesta a la violencia de género. Recientemente, en diciembre de 2024, se presentó una guía metodológica para el diseño de servicios integrados e integrales.
Caldés Pinilla y Lolini presentaron la experiencia del Código Rosa, un proyecto que nació en 2010 en un centro de salud local de la provincia Grosseto, en la región Toscana; 15 años después el Código se extiende a todo el territorio nacional.
Surgido desde el sistema de salud, se define como una red capaz de activar conexiones rápidas para dar respuestas inmediatas a las necesidades asistenciales de las mujeres víctimas de violencia machista y también de delitos de odio, explicaron las expertas italianas.
En el caso del Código Rosa, optar por el sistema de salud como puerta de entrada para el diseño del sistema respondió al contexto y al compromiso de profesionales que recibían, en los servicios de urgencia, a mujeres que sistemáticamente mostraban lesiones.
“No siempre la víctima denuncia porque tiene miedo o porque no reconoce la violencia que vive. Sin embargo, en algún momento acudirá a un centro de salud para atender las lesiones que deja la violencia”, explicó Catia Lolini, una de las creadoras y fundadoras del Código Rosa.
Entre las fortalezas de la buena práctica italiana se presentó la articulación de una red nacional con representación regional y municipal.
Dicha red está integrada por puntos focales o referentes en diferentes ámbitos, con un rol específico dentro del sistema. Al estar conectadas vía telefónica se ponen al tanto del caso y se activa un protocolo que incluye, además de los sanitarios, servicios de apoyo y ayuda social, asesoría legal y respuesta policial, si la mujer decide hacer la denuncia.
Otro aspecto clave en esta experiencia fue la realización de un proceso de formación obligatoria para todo el personal de salud, además de la capacitación a otros actores, entre ellos las fuerzas del orden.
“La formación ha permitido reconocer signos y síntomas de la violencia que permiten identificar a la víctima e incluso, si ella no desea denunciar, se le ofrecen servicios psicológicos y sociales para que, poco a poco, pueda madurar la decisión de hacer la denuncia”, agrega Lolini.
Al aislamiento y protección de las víctimas en sitios seguros, cuando es necesario, se le suman diferentes tipos de apoyos entre los que se encuentran recursos financieros y servicios de cuidados si lo necesita, para que pueda incorporarse al empleo.
“Sabemos que la dependencia económica pone a las mujeres en peor situación ante la violencia. En Italia son ellas quienes asumen los cuidados, principalmente”, comentó Caldés Pinilla.
Para la psiquiatra cubana Ivón Ernand, la experiencia del Código Rosa vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de invertir la pirámide y focalizar la atención en lo local comunitario y en la efectividad de los servicios que allí existen.
Ernand, con amplia experiencia en la atención a víctimas de violencia de género e integrante de la Consejería de Oar, alertó que lograr servicios de atención efectivos es un “camino largo que no debe asumirse con premura”.
“En estos temas no se puede improvisar, por eso la importancia de capacitar una y otra vez”, insistió.
Pensar en espacios seguros para las mujeres, en las complejidades que implica contar con servicios basados en el voluntariado y en la movilidad de las personas en los distintos ámbitos que participan en la respuesta a la violencia, fueron algunos de los desafíos compartidos desde la isla del Caribe.
“Estas experiencias son importantes pues pueden tributar a los servicios integrales e integrados con sus aprendizajes. Contamos con la voluntad política, pero tenemos que seguir trabajando en la sensibilización de todas las personas y actores involucrados”, dijo Mayra Díaz García, coordinadora de la Consejería Nacional de la Fmc.
Georgina Alfonso, coordinadora de la Red Feminista Berta Cáceres e investigadora del Grupo Galfisa, conectó la voluntad y el mandato político existentes en Cuba con las comunidades y su fuerza movilizadora.
“Cuando la comunidad se activa, se mueve la institucionalidad. Las políticas y programas nacionales mandatan espacios de capacitación y pueden ser muy útiles en ese camino”, dijo Alfonso.
Agregó que, la sensibilización y capacitación de personas en puestos de decisión es vital para que los servicios de atención cuenten con un presupuesto y recursos para su funcionamiento.
La psicóloga Beatriz Torres, de la Consejería de Oar, destacó que en Cuba también es una fortaleza la existencia de actores de la sociedad civil comprometidos con la respuesta a las violencias y que cuentan con amplia experiencia en su abordaje.
La articulación de proyectos, iniciativas, redes, grupos y organizaciones de la sociedad civil con la institucionalidad es clave y lo ha demostrado la experiencia de Oar a pequeña escala, detalló Torres.