por: Ania Terrero
Tomado de: www.cubadebate.cu
Matrimonio infantil y uniones tempranas, violaciones -también homofóbicas y transfóbicas-, leyes que obligan a casarse con el violador, mutilación genital femenina, “pruebas de virginidad”, esterilización forzada, acceso desigual a la educación sexual integral, rechazo a la diversidad…
Lamentablemente, la lista es mucho más larga. Las vulneraciones a la autonomía corporal persisten en buena parte del mundo. Confirman la necesidad de defender el derecho de cada persona a tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpo y las consecuencias para su salud, bienestar y potencial en la vida.
En ese desafío -y en todas las mediaciones de las que depende- pone los focos el informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 (SWOP, por sus siglas en inglés). El reporte bandera del UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, se centra por primera vez en la autonomía corporal: en la urgencia de que todas las personas tengan el poder de decir sí y el derecho a decir no.
Durante su presentación regional, este miércoles, el Director Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA, Harold Robinson, comentó que “para las mujeres y las niñas, la vida está llena de violaciones a su integridad corporal”. Esto se expresa desde el difícil acceso a anticonceptivos que deriva en embarazos no deseados, hasta la escasa educación en temas relacionados.
En el mismo espacio, Neus Bernabeu, Asesora Regional de Género y Juventud de la organización, comentó que la autonomía corporal significa tener el poder y la capacidad para tomar decisiones relacionadas con nuestros cuerpos y nuestros futuros, sin violencia ni coacciones.
“El informe plantea acabar con esa mirada fragmentada de la autonomía de las mujeres, que no hablemos de unos derechos y sí de otros y que nos acerquemos a la violencia desde una perspectiva estructural, también con un enfoque ecológico”, insistió.
Añadió que poseer autonomía incluye decidir si queremos tener relaciones sexuales o quedar embarazadas, cuándo y con quién. “Significa la libertad de ir al médico cuando sea necesario y que las personas LGTBIQ puedan caminar por la calle sin temor a ser víctimas de discriminaciones”.
Las estadísticas de los 57 países en los que existen datos disponibles confirman lo mucho que queda por hacer para que esos derechos se hagan efectivos. Desde el punto de vista metodológico, explicó Bernabeu, el reporte retoma indicadores incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el 5.6.1 y el 5.6.2. Mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a decidir sobre estos temas.
Aunque los datos tienen limitaciones, señalan que únicamente el 55% de las mujeres está totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a tener relaciones sexuales.
Mientras, en América Latina y el Caribe, el 74% toma sus propias decisiones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. “Sin embargo, el promedio regional oculta diferencias considerables entre países y dentro de cada nación”, reconoció Bernabeu.
Según el reporte, son determinantes en el poder de decisión de las mujeres la comunidad (normas de género, estigmas, creencias), los sistemas de salud (proximidad, costos, calidad de la atención, sesgo del proveedor), las mediaciones interpersonales (posición de la pareja, comunicación, familia externa) y socioeconómicos (educación, riqueza, acceso a los medios de comunicación, rural o urbano).
El nivel de estudio es un factor clave para determinar cuánto poder tiene cada mujer en estos aspectos. Igualmente, las más pobres tienen menos probabilidades de ejercer su autonomía, argumentó la Asesora Regional de Género y Juventud.
El texto repasa tratados y declaraciones internacionales que sientan las bases del derecho a la integridad corporal. Pero confirma que 20 países tienen leyes que obligan a casarse con el violador, 43 no cuentan con legislación que aborde el problema de la violación dentro de los matrimonios y más de 30 restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar. Validan, por tanto, otras maneras en las que se vulnera la autonomía.
En paralelo, las mujeres tienen solo el 75% de los derechos jurídicos de los hombres. No conocen y no pueden cuestionar las desigualdades de género que se traducen en violaciones de derecho.
Un punto clave a la hora de hablar de autonomía corporal es su centralidad para el desarrollo de personas y naciones. La falta de ella tiene efectos más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.
El SWOP también ofrece pistas del camino a seguir para garantizar la integridad corporal de todas las personas. Reconocer sus vínculos con el desarrollo de otras autonomías políticas y económicas, cambiar normas sociales y superar estereotipos machistas, promover leyes que faculten y no limiten, respetarlas desde la práctica jurídica y garantizar educación sexual desde las primeras edades son apenas los primeros pasos.
“La negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos, es importante poner fin al control, empoderar a mujeres y niñas para que tengan el poder de decir sí y el derecho de decir no”, concluyó Bernabeu.
Al respecto, la coordinadora de la Red Nacional Argentina de Jóvenes y Adolescentes (RedNac), Nayla Procopio, añadió que, para que realmente una persona pueda decir no, del otro lado tiene que haber otra que lo respete, que haga efectivo el derecho. Por tanto, el trabajo con las masculinidades es fundamental. “Para que los hombres se sientan interpelados por estas lógicas de poder”.
Al cerrar la presentación regional del informe, el Director Regional Harold Robinson insistió en que plantea un llamado a la acción: “Empoderar a las niñas, aplicar la ley y generar nuevas políticas que eviten violaciones como el matrimonio infantil y la violencia basada en género es vital”.
Cuba, entre derechos y desafíos
Carla Núñez transita desde la adolescencia hacia la juventud, conversa con su mamá sobre anticonceptivos, sexualidad y todo lo que suponen. Daysi Oramas se recupera de un cáncer de mama que implicó, con la ayuda del proyecto Alas por la Vida, reconectar con su cuerpo. Naomi Castillo, oftalmóloga y mujer transgénero, lucha a diario por ser quien quiere ser como mujer y profesional.
Las historias de estas mujeres reflejan diferentes momentos de la relación que establecemos con nuestros cuerpos y confirman que, más allá de los desafíos, en Cuba pueden tomar decisiones sobre ellos. Sus testimonios marcaron el rumbo del panel que acompañó este jueves la presentación nacional del SWOP 2021, centrando miradas en las experiencias de la Isla en torno a la autonomía corporal como derecho.
El intercambio estuvo precedido por la explicación de Marisol Alfonso de Armas, Representante Auxiliar del UNFPA , quien detectó el origen de muchas de las vulneraciones a la autonomía corporal en desigualdades de género y otras formas de discriminación. “El poder de una mujer para controlar su propio cuerpo está relacionado con el control que tiene en otros ámbitos de su vida”.
Añadió que la COVID-19 agrega tensiones en estos temas. Por lo que, cuando se diseñen las fases de recuperación post-pandemia, “habrá que tener en cuenta los grupos más vulnerables afectados en estos tiempos también en materia de autonomía corporal”.
Durante el intercambio virtual, Nadina Peñalver Díaz, Psicóloga de la Salud y Profesora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), explicó la labor desarrollada por la institución en la promoción de derechos sexuales y reproductivos, la prevención del maltrato infantil y la integración social de las personas trans en Cuba.
A partir de un sistema que integra la investigación científica, la formación y desarrollo de recursos humanos, las estrategias de comunicación social, el trabajo comunitario y los servicios de orientación jurídica a la población, el centro conecta con algunos de los desafíos que aún tenemos en materia de autonomía corporal.
En ese camino, comentó la necesidad de aumentar las acciones educativas y de comunicación social dirigidas a niñas, niños y adolescentes para contribuir a su autonomía en la toma de decisiones sobre sus sexualidades y descentralizar los servicios de atención a la salud sexual, pues se cuenta con profesionales formados en diversas provincias del país.
En tanto, la especialista del Programa de Atención Materno Infantil del MINSAP Mercedes Piloto explicó que la planificación familiar y la anticoncepción son derechos garantizados en nuestro país. Incluso, cuando la pandemia paralizó los servicios de salud sexual y reproductiva en buena parte del mundo, en la Isla no pararon en ningún momento.
Aunque hubo limitaciones en algunos recursos y en los anticonceptivos contemplados en el cuadro básico de medicamentos, se realizaron 1 millón 114 mil 92 consultas de planificación familiar y se redujo el número de terminaciones voluntarias de embarazo.
Finalmente, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas, Yamila González Ferrer, señaló que nuestro país tiene por delante varios retos en materia de autonomía corporal y legislación familiar, a partir del nuevo texto constitucional y la diversidad de situaciones y conflictos que existen en nuestra sociedad.
Entre ellos se encuentra la eliminación de la autorización excepcional para el matrimonio temprano, en las niñas a partir de 14 años y en los varones, a partir de 16, por lo que implica en asuntos de derechos sexuales y reproductivos. Otros desafíos listados fueron los relativos al matrimonio igualitario, los aspectos filiatorios para el derecho a sistemas de reproducción asistida y la respuesta a la violencia de género y familiar.
No obstante, apuntó, la legislación penal actual da cobertura a un grupo importante de situaciones relacionadas con las vulneraciones a la autonomía corporal. Está tipificado en la ley el aborto ilícito, la violación -que incluye situaciones entre cónyuges-, los delitos de abusos lascivos y el ultraje sexual.
Añadió que el camino por andar tiene puntos de partida importantes en la Constitución de 2019 y en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) recién aprobado. Tenemos retos importantes en materia de autonomía corporal, pero también un marco legislativo que propicia el desarrollo y perfeccionamiento que necesitamos, dijo.