
Tomado de: www.ipscuba.net
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS Cuba
La atención integral a la violencia de género muestra avances en Cuba, mientras se construye una ruta más comprometida, práctica, racional, sensibilizada y articulada para enfrentar el fenómeno.
Como parte de un proyecto de cooperación con la organización internacional Diakonia, el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), de La Habana, facilita el acercamiento a las realidades de diferentes sectores sobre la violencia de género y revela brechas, necesidades, oportunidades y no pocos desafíos de los servicios de atención integral e integrada.
Las consultas abarcan al personal de los sectores de la salud, jurídico y religioso, así como actores de la sociedad civil. Las respuestas muestran la complejidad de este fenómeno con profundas raíces en la sociedad y la urgencia de sistematizar los resultados.
Hallazgos no tan nuevos
Al intervenir en un panel para exponer los resultados de la iniciativa, en diciembre pasado, Beatriz Torres, de OAR, señaló que sobresalen elementos como la falta de articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de salud.
También se refirió a la necesidad de capacitar al personal disponible en el sistema nacional de salud. Al respecto, consideró que la atención a la violencia de género “requiere determinadas particularidades”.
Torres destacó la participación del Ministerio de Salud Pública, los centros de salud mental, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y el Centro de Bienestar Psicológico, el Centro Martin Luther King, y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas, entre otros.
Según explicó, aunque existen protocolos, algunos profesionales y especialistas no los conocen y faltan equipos multidisciplinarios para la atención a casos de violencia de género en la mayoría de los centro de salud mental, policlínicos y hospitales.
Participantes en la consulta insisten en dar prioridad a dicha atención en salud, fortalecer la capacitación, diseñar programas de rehabilitación y seguimiento, crear grupos de ayuda a mujeres víctimas, así como a los victimarios, evitar la revictimización, trabajar en la desnaturalización de la violencia y mantener una comunicación permanente.
Más allá de las leyes
En el ámbito jurídico, la violencia de género puede ser vista desde diferentes miradas. Por ejemplo, la profesora Tania Armas asegura que, en el taller Estrategias de vida en contextos de vulnerabilidad, realizado en septiembre, se evidenció cómo desde el derecho se puede incidir en la protección de personas vulnerables.
De acuerdo con Armas, un instrumento aplicado entre 80 operadores del derecho en el sistema de justicia penal de Cuba indicó desconocimiento y lagunas al implementar el proceso de acompañamiento jurídico a las víctimas y el acceso a la justicia.
“Al Código Penal se le han incorporado medidas cautelares para proteger a la víctima de los victimarios y muchas veces los operadores no conocen estas posibilidades”, alerta.
Criterios
En las consultas se aborda la necesidad de una ley integral específica sobre violencia de género, que enfatice en lo preventivo, porque ya el Código Penal y otras normas jurídicas resuelven esos conflictos y fenómenos de la sociedad, no así la prevención, a juicio de especialistas.
Para Gabriel Coderch, de OAR, lo más importante es la articulación, “toda vez que hasta ahora se ha trabajado de manera muy dispersa, porque a veces no se ha entendido toda la magnitud de la violencia de género.
A su vez, destaca el hecho de que el asunto sea analizado por el grupo responsable de implementar el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.
La profesora María del Carmen Zabala, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, insiste en que el enfoque de familia, como otros, debería estar en todas las propuestas de atención integral a la violencia de género porque es “un fenómeno que se manifiesta en la familia y atraviesa todo el ciclo de vida”.
Asimismo apunta: “Son muchas las dimensiones que forman parte de los sistemas de dominación y refuerzan vulnerabilidades y discriminaciones, como la ruralidad, que se une a determinadas condiciones económicas y el color de la piel, entre otras”. (2025)