Políticas sociales y emociones en el marco del COVID-19: sobre viejos “nuevos” debates e intersticios

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Tomado de: www.clacso.org

Dentro de la Colección de los “Cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano”, CLACSO presenta la investigación: “Políticas sociales y emociones en el marco del COVID-19: sobre viejos ‘nuevos’ debates e intersticios” de Rebeca Cena y Andrea Dettano.

Políticas sociales y emociones en el marco del COVID-19: sobre viejos “nuevos” debates e intersticios

Rebeca Cena[1] y Andrea Dettano[2]

En lo que va transcurrido del primer semestre del 2020, las políticas sociales han adquirido una visible centralidad en las agendas estatales, que han acompañado un paquete de medidas y decisiones, muchas de ellas relacionadas al tratamiento de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Para el caso argentino, se ha implementado recientemente el denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que destinado personas en situación de desocupación, trabajadoras y trabajadores del sector informal y/o monotributistas, llegaría en su último desembolso a casi 9 millones de personas, que significan casi el 25% del total de la población de Argentina[3]. En este contexto, han re-tomado protagonismo una serie discusiones políticas y académicas en relación al Ingreso Ciudadano Universal, los comedores comunitarios, la informalidad laboral, las diferentes problemáticas habitacionales, el teletrabajo, la digitalización de la vida, el congelamiento de tarifas y regulación de los precios máximos de algunos servicios esenciales, que otorgan visibilidad a la centralidad que las políticas sociales poseen en el siglo XXI. De allí que en este escrito recuperemos el carácter vertebrador que las políticas sociales poseen en las sociedades contemporáneas.

Como parte de una publicación colectiva desde el grupo de trabajo sobre Subjetividades, Sensibilidades y Pobreza, este escrito se propone retomar los estudios sociales sobre las políticas sociales y las emociones, en tanto perspectiva analítica que permita reflexionar sobre las intervenciones estatales y las diferentes dimensiones y pliegues que hoy las componen, así como también recuperar modos otros de observarlas. Este contexto se vuelve una oportunidad para retomar los debates y discusiones respecto a un nodo muy poco desarrollado en el estudio del Estado, las políticas sociales y la cuestión social: aquel vinculado a las emociones, los cuerpos y las sensibilidades. Pues uno de los principales elementos que se vuelven significativos en este contexto es indagar no solamente por el estatuto sociológico de las intervenciones estatales, sino también, al establecer e identificar las conexiones entre este campo de estudio y la sociología que toma como eje problematizador los cuerpos/emociones.

El contexto de la Pandemia declarada del 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, implica un desafío para una re-visión de las políticas sociales en, al menos, dos aspectos que abordaremos aquí: por un lado (lo que será objeto del primer apartado de este escrito), nos permite explicitar e historizar una mirada de, desde y hacia las políticas sociales que tiene como centro nodal a las personas, sus sensibilidades, vivencialidades y sociabilidades. Este aspecto, enunciado hoy, casi dos décadas transcurridas del siglo XXI y en el contexto que estamos atravesando parece obvio. No obstante, fue un arduo trabajo dentro del campo de investigación (sensu Bourdieu) cuando parecía ser que las políticas sociales no constituían un objeto para los estudios sociales sobre cuerpos/emociones (ver al respecto Cena y Dettano, 2019). Por otro lado (y de esto nos ocuparemos hacia el final de escrito), nos permite dar continuidad a una línea de problematización que con casi más de 10 años de desarrollo nos habilita a advertir algunas líneas de continuidad y ruptura en relación a las políticas sociales. Los contextos de “crisis” como el que estamos transitando, movilizan, viabilizan y abren/cierran intersticios a partir de los cuales viejos “nuevos” problemas adquieren centralidad. Quizás esta es una oportunidad para reflexionar en torno a las viejas “nuevas” propuestas que -como el Ingreso Ciudadano Universal, la digitalización de la vida y su influencia en las intervenciones estatales, los desafíos teóricos-metodológicos que implican para las Ciencias Sociales las políticas sociales, el lugar de las juventudes y los géneros, etc.- toman protagonismo en la actualidad

Re-pensar a las políticas sociales desde estos ejes argumentativos nos invita, entonces, en primer lugar, a explicitar la red de categorías conceptuales desde las que partimos. Las políticas sociales, como modos de intervención social estatal, requieren necesariamente su inscripción en una red conceptual más amplia a partir de la cual adquieren sentido y significancia. Con ello aludimos, a que su definición implica, al menos, comprenderlas como productos en proceso y procesos en producto (Cena, 2018). En esta dirección, diremos entonces, que las políticas sociales son un elemento central del régimen capitalista, colonial y patriarcal (Grosfoguel, 2006 y 2007).

Pues se vuelve ineludible para el abordaje de las políticas sociales el concepto de cuestión social, en tanto esfera de diferenciación de la vida a partir de la cual la fragmentación, escisión (Donzelot, 2007) y aporía (Castel, 1997) que experimenta una sociedad es tematizada, escenificada, puesta en cuestión y expresada a partir de problemáticas particulares. En este punto, las contradicciones constitutivas entre la igualdad formal y la desigualdad estructural embestidas en la figura del Estado Moderno Capitalista (Grassi, 2003), ponen en jaque la capacidad de una sociedad de continuar existiendo a partir de relaciones de interdependencia. En este sentido, la igualdad formal sostenida por la configuración del Estado Moderno a partir de la figura del ciudadano, es tensionada por la desigualdad estructural sostenida por el Estado en tanto Capitalista. No obstante, esta desigualdad estructural implica dar cuenta, necesariamente, de procesos de estructuración y organización de la vida que son anteriores a la conformación del Estado Moderno Capitalista. Pues, éste es posible gracias a procesos organizativos anteriores que Quijano (1999) y Grosfoguel (2006 y 2007) posicionan en 1492. En este sentido diremos sucintamente que las desigualdades estructurales aluden a mucho más que las desigualdades entre las clases sociales vinculadas a la posición en las relaciones capitalistas de trabajo, implican también las relaciones entre los géneros y la configuración de la noción de raza y, con ella, de una serie de jerarquías complejas y entramadas[4] que algunos escritos han denominado interseccionalidad (Byerly, 2017).

Ahora bien, las políticas sociales juegan un rol central en los procesos de “sutura” (Grassi, 2003) entre igualdad formal y desigualdad estructural. Pues las mismas, constituyen modos de intervención estatal que interpelan las problemáticas expresión de la cuestión social afectando los conflictos y consensos sociales. En este sentido, las políticas sociales son elementos contradictorios (Faleiros, 2000) en el marco del régimen de acumulación capitalista, patriarcal y colonial (Grosfoguel, 2006 y 2007). Pues si a corto plazo permiten o habilitan abordajes concretos de las problemáticas que afectan a las poblaciones, a largo plazo habilitan la reproducción del régimen. Dichos abordajes implican desde la gestión de las condiciones en que se dará el uso y la venta de la fuerza de trabajo, hasta medidas vinculadas a la infraestructura básica, educativas, de cuidados sociales, vinculadas al ámbito de la salud, y un amplio “etcétera”.

En este marco, las políticas sociales “hacen sociedad” (Danani, 2009; De Sena, 2014), pues no solamente son centrales al régimen de acumulación a partir del concepto de cuestión social, sino que también afectan directamente las condiciones de producción y reproducción de la vida en el sentido social e individual (Danani, 2009): esto significa, de las condiciones materiales de existencia de las poblaciones, así como también de los modelos de sociedad (De Sena, 2016).

Como puentes entre el orden sistémico y el mundo de la vida (Barba Solano, 1995) los modos de “hacer sociedad” de las políticas sociales implican, siempre y cada vez, la constitución de unas emociones como resultado de las intervenciones puestas a circular. Mirar las políticas sociales desde una sociología de las emociones, podría pensarse -al menos- en tres momentos/marcos: sus diseños, normativas y letras; los actores implicados en los procesos de diseño e implementación y los sujetos destinatarios de las acciones.

En cuanto al primer eje, las políticas sociales, como modos de abordar diversas problemáticas del mundo social desde un esquema de valores compartido (Donati y Lucas, 1987) retoman y redefinen cuestiones, identifican sujetos, cursos de acción posibles y bienes/servicios a transferir, por lo que, en tanto políticas de Estado condensan las posibilidades de nominar, significar y hacer (De Sena, 2016). Incluyen valores y valoraciones sobre los por qué y los cómo de las intervenciones (Horsell, 2017) y traen inscriptas una particular Imagen Mundo, como conjunto de presuposiciones que hacen que algunos elementos del mundo social emerjan a la vista y otros se solapen (Cena, 2014), establecen lo aceptado, lo aceptable y los modos legítimos de alcanzar la reproducción. Por esto, si observamos los diferentes contextos en donde las PS se han desenvuelto, es posible situar la continuidad de una “ideología de la normalidad”, de manera que el trabajo, la feminización de los cuidados y el ciudadano consumidor se ha establecido en tanto criterio de vida normalizado (Faleiros, 2004).

Lo anterior se hace particularmente visible en los procesos de implementación de las políticas, momento cargado de miradas, valoraciones, moralidades y pedagogías (Dettano, 2019). Aquellos que trabajan en la puesta en práctica de las intervenciones son sujetos que imputan sentido sobre las vidas de aquellos que reciben las mismas, albergando juicios de valor y un caudal de consideraciones e información sobre el accionar del Estado y de los receptores de las políticas (Anderson, 2002; Bourdieu y Balazs, 2011; Sordini, 2019; Cena, 2020).

En cuanto al tercer momento propuesto, su reflexión implica recuperar los modos en que las intervenciones son percibidas por aquellos que participan en las mismas como destinatarios. Esto, tal como han señalado Tonkens et al. (2013) y Mac Auslan y Riemenschneider (2011) no solo conlleva estudiar las transformaciones que trajeron aparejados cambios en la política social, como la masividad (De Sena, 2011), la activación (Moreno Márquez, 2008) o su monetarización y bancarización (Macías González, 2016), sino también atender los modos en que estas intervenciones impactan y producen modos de sentir. Esta manera de mirar, ha conducido a alcanzar no pocos resultados de investigación, que exhiben cómo las intervenciones son presentadas y sentidas como ayudas (De Sena y Scribano, 2018) el miedo a perder los programas (Cena, 2019b), la sobrecarga de tareas que implican las condicionalidades (Cena, 2019a), las dificultades para comprender y gestionar los diversos requerimientos de los programas (Dettano y Chahbenderian, 2018), la percepción y apropiación de las intervenciones alimentarias (Sordini, 2020) así como las prácticas de consumo y endeudamiento que habilitan (Dettano, 2020; Chahbenderian, 2017). A la vez, se debe considerar lo que esto produce en los modos de estructuración social, en las interacciones, en los modos de relación de los sujetos con el Estado y con los otros. La incertidumbre (Cena, 2018) y el miedo (Cena, 2019b) la pérdida de autonomía (Scribano y De Sena, 2013), la conformación de consumidores (Dettano, 2018), la “Inmunización”, como una creciente distancia y separación entre los sujetos (Morlicchio, 2016), el amor (Boragnio y Dettano, 2019) podrían ser algunos de los rasgos que traman varias décadas de masivas intervenciones a las poblaciones en situación de pobreza, cuyos resultados en términos de su reducción son acotados.

Todo esto, invita fundamentalmente a problematizar el hecho de que las maneras de percibir y sentir el mundo son producto del habitar y vivenciar (De Sena et al, 2018), aunque en muchos casos estas vivencialidades se distancian de lo que las políticas enuncian como parte de sus objetivos.

Algunos ejes de apertura

Tal como hemos advertido previamente, el contexto actual arrojado por la emergencia sanitaria, es una oportunidad para visibilizar, posicionar y problematizar algunos viejos “nuevos” fenómenos. Pues desde esta perspectiva, se hace posible reflexionar sobre los diversos modos de desenvolvimiento de las intervenciones, así como también de sus modalidades de observación y registro. Al mismo tiempo y exacerbados por la emergencia sanitaria, se han reavivado algunos viejos “nuevos” planteamientos y modos de adjetivar las intervenciones que venimos tratando de delinear. Dichos elementos podrían resumirse en 5 puntos centrales:

En primer lugar, el vínculo entre las políticas sociales y las tecnologías toma como punto de partida los diferentes procesos de digitalización de la sociedad (Scribano y Lisdero, 2019). Pues en lo que se ha denominado Era Digital (Esteinou Madrid, 2001), el uso de las tecnologías e internet ha atravesado todos los ámbitos de la vida. En el caso de las intervenciones estatales, Internet ha pasado a formar parte de lo se ha denominado Estado Ampliado (Esteinou Madrid, 2001), por su intromisión en los mecanismos de gestión, incluyendo nuevos elementos en su estructura. Estos elementos, consisten en un amplio abanico de formas de comunicar e interactuar que han llegado a denominarse como “gobierno electrónico”, en tanto relación entre los ciudadanos y algún nivel de gobierno por medio del uso de tecnologías de la información, la disponibilidad de la información sobre las características de las intervenciones y la posibilidad de diferentes tipos de gestiones (Cerbino y Richero, 2006; Concha, 2006).

El Estado se modifica con cada incorporación tecnológica que realiza, transforma sus intervenciones e impacta necesariamente en la sociedad. En este marco, no puede eludirse la importancia que el vínculo Estado-poblaciones ha asumido por intermedio de las políticas sociales y, más aún, la presencia de internet y las tecnologías en la gestión de las mismas, en su “puesta al aire”, en las diferentes interacciones que se establecen entre los propios destinatarios, así como la exposición en las redes sociales de los funcionarios directamente vinculados con las intervenciones (Weinmann y Dettano, 2020).

En segundo lugar, el necesario abordaje de las intervenciones estatales re-centralizando los cuerpos/emociones de las personas. Esto implica algunas cuestiones, al considerar cómo las transformaciones en las intervenciones y modos de hacer desde el Estado, conllevan definir lo que es importante, lo que “vale” realizar, qué esfuerzos son necesarios, cuando se debe “ser paciente”, a la vez que se proponen cursos de acción clasificados y calificados como los más acordes. En estas propuestas, es que generalmente aparecen significantes y pares conceptuales que parecen contener todo lo que está bien y todo lo que hay que evitar: inclusión/exclusión; vulnerabilidad/empoderamiento; pobreza/consumo; mujeres/maternidad/cuidado. Estos conceptos, además de ocupar la escena de las políticas, también ocluyen otro tipo de planteos y problematizaciones, porque parecieran bastarse a sí mismos y su sola enunciación emula constituir un punto de llegada (Horsell, 2017). Aquello que ocluyen son las redes causales que dan origen a las situaciones de exclusión, carencia, pobreza, por lo que rearman las tramas de responsabilidades y responsabilizaciones.

Además de las definiciones y establecimiento de valores que las políticas contienen, su puesta en práctica produce diferentes impactos en quienes las perciben, que exceden el impacto de un posible bien, suma de dinero o servicio transferido (Mac Auslan y Riemenschneider, 2011). Los modos de atender a la población y de acceso a los servicios públicos pueden generar diferentes tipos de sufrimiento, vergüenza y dificultades para expresar desacuerdos o quejas, lo que implica considerar las distancias entre las retóricas que acompañan las intervenciones -que incluyen los modos de ser buenos ciudadanos o la felicidad por recibir alguna prestación- y los modos en que aquellos que “reciben” se sienten o perciben sus condiciones de vida (Tonkens et al., 2013).

En tercer lugar, la situación del género y las generaciones. Pues en el marco de las políticas sociales para el caso de Argentina desde el año 2002 y de manera continua y progresiva, las políticas sociales se han posicionado masivamente (De Sena, 2011) en la agenda estatal y las juventudes en tanto población específica no ha sido la excepción. Solo por mencionar algunos elementos en materia de intervenciones estatales nacionales en el año 2008 se implementó el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo de corte nacional y con vigencia hasta la actualidad. Esta política social pasó de concentrar 7.658 destinatarios a 72.051 en 2009, y para el año 2018 el número de receptores superó en más de 20.500 a los del año 2009 (Brown, 2012: 21); en el año 2009 se implementó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social -con absoluta continuidad hasta la actualidad- masiva también en sus características, que si bien no se encuentra excluyentemente orientada hacia las y los jóvenes el 74.5% de la población titular se encuentra entre 20 y 39 años. Complementariamente con ello, se ha observado una creciente feminización de las intervenciones estatales. Ello producto de la definición de la población destinataria contenida en su imagen del mundo (como es el caso de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social) o como una característica que ha asumido la política social a nivel territorial (como el PROGRESAR) que de la población total el 63.24% son mujeres a nivel nacional (pedido de informe Ministerio de Educación 2018). Esta manifestación de la población destinataria y del diseño de las políticas sociales señala algunos de los caminos a partir de los cuales continuar problematizando.

En cuarto lugar, en Argentina y en el marco de la emergencia sanitaria, el Estado dispuso la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia dirigido a trabajadores informales y algunas categorías de monotributistas[5], el cual es compatible con la recepción de algunos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y el Programa Progresar.[6] Esta prestación puede recibirla un solo integrante del hogar y la prioridad para el cobro la tiene la mujer.

El IFE habría alcanzado a 9 millones de personas y su implementación, vuelve a poner sobre la mesa problemas no resueltos como la informalidad laboral y el desempleo. A su vez, ha reavivado viejas discusiones en torno a la aplicación de alguna forma de Ingreso Ciudadano o Renta Universal. La discusión en torno a la Renta Básica, tuvo lugar en el continente europeo en los ´80, al calor de las discusiones en torno a la pertinencia o no del Estado de Bienestar en lo que empezaba a ser una nueva fase y modalidad de acumulación de capital. En sus diferentes formas, parecían ser propuestas de modos de reproducción, vía transferencias de ingresos, por fuera del mundo del trabajo, redefiniendo los fundamentos de los esquemas de seguridad conocidos hasta el momento, como el Bismarckiano y el Beveridgeano (Van Parijs, 2004). Su proposición, elaborada por un grupo de investigadores de la Universidad de Lovaína (Raventos, 2007), podría ser leída como síntoma y resultante de los modos de desestructuración y/o reconfiguración del mundo del trabajo que se estaban dando luego de los ´70. Pues tal como Habermas (1984) supo identificar y argumentar, estamos siendo testigos -hace tiempo- del fin de una utopía, aquella que desde el siglo XX concentró una serie de modos de ser y estar en relación a la sociedad del trabajo. En este sentido, es que las diferentes intervenciones surgidas, como modos de atender la emergencia sanitaria, y su asociación con otras discusiones -como la del Ingreso Ciudadano-, deben ser tensionadas con el contexto de aquellas discusiones.

Por último, y no menos importante, estos elementos requieren de una revisión y re-problematización de los modos de observar. Pues si los fenómenos se modifican, las estrategias y métodos utilizados para su observación deberían también hacerlo y ello constituye un desafío para las Ciencias Sociales. Solo por mencionar[7] un método referiremos aquí a la importancia de la Etnografía Virtual. Internet alberga y habilita millones de interacciones, pues las personas se relacionan a partir de sus plataformas, comparten contenido, compran y venden productos, hacen amistades, buscan pareja e incluso gestionan y resuelven dudas sobre los programas sociales de los cuales son destinatarios. De este modo, lo económico, lo productivo, lo cultural llegando hasta la administración pública y los diferentes poderes y estructuras estatales, hacen parte de sus modos de operar a los diferentes recursos que las tecnologías digitales ponen a disposición, dando lugar a la conformación de lo que se ha denominado Estado ampliado (Esteinou Madrid,2001; Urresti, Linne y Basile, 2015). Habilitar, entonces, la etnografía virtual para observar un espacio de conquista particular de las políticas sociales, cada vez más masivas y numerosas, como lo es el ciberespacio/internet se vuelve central. Internet implica diversas y variadas interacciones que impactan en la producción de diferentes modos en que la vida se da y adquiere sentido, por lo tanto, la revisión de las metodologías implementadas se vuelve una tarea obligada para las Ciencias Sociales (Méndez y Aguilar, 2015).

Tal como señala el título, este escrito, además de ser una invitación a “mirar” las diferentes formas de intervención estatal desde los cuerpos/emociones, ha sido un intento por problematizar viejos “nuevos” ejes y ampliar una agenda de temas que permita poner en cuestión las intervenciones a la luz de los problemas del presente siglo, como la actual emergencia sanitaria, que no hace más que mostrar nuevas aristas, rostros y recrudecimientos de lo previamente existente. A la vez, volver a plantear la importancia de las nominaciones, y de cómo ciertos conceptos cargados de atributos deseables y positivos se instalan en las intervenciones, corriendo de la escena otros y solapando múltiples capas de problemáticas de larga data. De este modo, volver la mirada sobre las políticas sociales en el contexto actual, es una oportunidad para poder visibilizar los viejos “nuevos” fenómenos que a modo de intersticios se presentan, se expresan y adquieren presencia en la actualidad. La capacidad que desde las Ciencias Sociales tengamos para visibilizarlos y/u ocluirlos será una opción íntimamente vinculada a cuánto y con cuáles categorías críticas estemos dispuestos y dispuestas a observar.

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[1] Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “Sensibilidades, subjetividades y pobreza” Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Universidad Nacional de Villa María; Universidad Nacional de Río Cuarto; Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos. rebecena@gmail.com 

[2] Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “Sensibilidades, subjetividades y pobreza”. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Universidad Nacional de La Matanza; Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos. andreadettano@gmail.com 

[3] Sin desagregar a las personas menores de 18 años que no pueden ser destinatarios del IFE.

[4] “Me refiero a que simultáneamente a la construcción de una división internacional del trabajo de centros y periferias donde el capital domina y explota a través de diversas formas coercitivas de trabajo (esclavitud, servidumbre, salario, etc.) en los pueblos de la periferia se construyeron otras jerarquías globales tales como etno-raciales (donde los occidentales son considerados como superiores a los no-occidentales), de género (donde los hombres dominan sobre las mujeres), sexuales (donde los heterosexuales con la familia monogámica nuclear cristiana domina sobre otras formas de sexualidad y de organización familiar no-occidentales), epistémicas (donde a través del sistema universitario global los saberes occidentales dominan sobre los no-occidentales), espiritual (donde los cristianos (católicos y protestantes) a través de la iglesia cristiana global dominan sobre las espiritualidades no-cristianas y no-occidentales), estéticas (donde las formas de arte y belleza europeas se privilegian sobre las no-europeas), pedagógicas (donde las formas de pedagogía occidental dominan sobre las pedagogías no-occidentales), lingüísticas (donde las lenguas europeas se privilegian sobre las no-europeas), etc.” (Grosfoguel en Montoya y Busso, 2012: 5)

[5]El IFE le corresponde a Trabajadores y trabajadoras informales, Trabajadores y trabajadoras de casas particulares, Monotributistas sociales y Monotributistas de las categorías A y B.

[6] Quedan excluídos de la prestación aquellos titulares o su grupo familiar con ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, monotributistas de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; aquellos que reciben prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; receptores de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

[7] Podríamos así mismo aludir a los Encuentros Creativos Expresivos (Scribano, 2013), la utilización de la Música y/o el baile en los procesos de indagación (D’hers y Musicco, 2015).