¿Qué espera el activismo LGBTI+ del nuevo código de familias?

Matrimonio igualitario sigue al centro de las campañas
por un código inclusivo, a las que se incorporan nuevas voces. Foto: Tomado de AfroAtenas

Tomado de: www.ipscuba.net

Código inclusivo es una de las peticiones ciudadanas más reiterada y visible desde el espacio virtual a la espera de la aprobación de una nueva ley de familias en Cuba este 2021.

Para activistas y una parte de la ciudadanía, esta demanda se traduce en el reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario, así como el de la posibilidad de adoptar y acceder a la reproducción asistida para parejas del mismo género.

La comisión encargada de presentar el anteproyecto de ley a la Asamblea Nacional del Poder Popular, parlamento unicameral, fue aprobada el 24 de marzo, aunque hasta el cierre de este reporte no se había divulgado los nombres de quienes la conforman.

Tampoco se ha hecho pública la fecha de discusión de la normativa. La decisión de someter el anteproyecto a referendo popular es cuestionada por el activismo LGBTI+ bajo el reclamo “los derechos no se plebiscitan”.

Parte de las preocupaciones radican en la incidencia que pudieran tener grupos antiderechos en ese proceso. Durante el debate del anteproyecto constitucional en 2018 estos sectores impulsaron campañas contra el artículo 68, en el cual el matrimonio se definía como “la unión de dos personas”, algo eliminado de la versión final del texto.

Tres años después la demanda por la aprobación del matrimonio igualitario cobra fuerza desde diversas voces y campañas ciudadanas.

¿Cuáles son las expectativas?

El 1ro de abril, el comité organizador de la campaña “Todos los derechos para todas las personas” dirigió una carta al parlamento cubano, en la que se presentan parte de las preocupaciones y peticiones del activismo LGBTIQ+.

Entre los primeros puntos se solicita garantizar a las personas el acceso al matrimonio y la unión de hecho, sin distinción por orientación sexual, identidad de género u otra causal de discriminación, así como el acceso a la adopción y las técnicas de reproducción asistida.

A finales de marzo, el activista y firmante de la misiva, Yadiel Cepero, escribió desde su perfil en la red social Facebook:

“Tanto el matrimonio como la unión de hecho son formas de organización de las familias. Con similitudes y diferencias. Ambas deben ser una opción, tanto para las parejas formadas por personas heterosexuales como para las parejas del mismo género”.

También apuntó Cepero: “Preservar el matrimonio como un privilegio heterosexual y ofrecer la unión de hecho como alternativa a las parejas del mismo género violaría el artículo 42 de la Constitución. Esto es algo que nunca aceptaremos”.

El reconocimiento de la unión de hecho como una de las formas de constitución de la familia es una de las novedades que presentó la constitución refrendada en 2019, y cuyos deberes y derechos asociados deben establecerse en el nuevo código de familias.

También se colocó entre las solicitudes perfeccionar las instituciones de responsabilidad parental, ponderando el principio de socioafectividad sobre la consanguineidad.

Se incorporó asimismo lo que también ha sido una demanda del activismo feminista: establecer mecanismos para la prevención de todas las manifestaciones de violencia que involucran a las familias, así como para la protección de las víctimas.

Al respecto, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), publicado el 8 de marzo como decreto presidencial, propone perfeccionar integralmente las políticas y la legislación en materia familiar, laboral, de seguridad social, administrativa y penal, “para garantizar un tratamiento efectivo en el enfrentamiento a las diferentes manifestaciones de violencia de género e intrafamiliar”.

Los firmantes de la misiva al parlamento cubano comunicaron su disposición al diálogo y propusieron a este órgano crear un grupo de trabajo permanente para “dar respuesta a las demandas de la ciudadanía LGBTIQ+ y asesorar en la implementación de políticas públicas que tengan como objetivo reducir o eliminar las brechas de inequidad que persisten en la sociedad cubana”.

La campaña “Todos los derechos para todas las personas” es impulsada desde inicios del 2018 por el proyecto de Integración, Intervención y Transformación Sociocultural AfroAtenAs, ubicado en la ciudad de Matanzas, a 104 kilómetros de La Habana.

Más voces piden todos los derechos

Matrimonio igualitario, adopción homoafectiva y el acceso a las técnicas de reproducción asistida para parejas del mismo género centran las demandas de la campaña “Todos los derechos para todas las personas”, a la que se suman nuevas voces.

La adopción bajo el actual código de familia solo puede realizarse de forma conjunta por los cónyuges, es decir, por una pareja heterosexual unida en matrimonio.

Por otra parte, aunque el acceso a la reproducción asistida de parejas del mismo género también depende de cambios en programas de salud que hoy solo comprenden uniones heterosexuales, el nuevo instrumento jurídico debe llenar algunos vacíos legislativos en esta dirección.

Así lo señaló la jurista Ana María Álvarez-Tabío a la prensa nacional, al apuntar entre las carencias de la actual normativa, “la ausencia de protección de la filiación derivada de técnicas de reproducción asistida, más allá de la que se origina a partir del uso del material genético de ambos miembros de la pareja”.

En marzo se sumaron otras acciones que apoyan la aprobación de un código que proteja y reconozca la diversidad de familias presente en la sociedad cubana. Este es el caso de la campaña “Más amor más derechos”, que impulsa en sus redes sociales el Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba.

“Desde nuestra espiritualidad cristiana y ecuménica nos sumamos a la lucha por el matrimonio igualitario en Cuba y un Código de Familias plural e inclusivo”, afirma el primero de los mensajes publicados el 19 de marzo. (2021)