Autor: Juan Carlos Campos Carrera.
Artículo publicado en CD Caudales 2008, Ed. Ciencias Sociales – CIPS, ISBN 959-06-1157-5, La Habana.
La estrategia de desarrollo emprendida por la Revolución Cubana desde el año 1959 ha tenido como objetivo armonizar el crecimiento económico con las políticas sociales. En el tema del empleo las políticas han estado dirigidas a procurar a cada ciudadano apto para trabajar un empleo digno y a reducir los altos índices de desempleo y subempleo heredados del sistema capitalista. La Constitución de la República aprobada en 1976, consagra que “El trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano”.
En el llamado Periodo Especial, es decir, la crisis económica provocada fundamentalmente por la desaparición del campo socialista europeo y la URSS, que significó la pérdida de los principales socios comerciales y del financiamiento externo, y además, el recrudecimiento del bloqueo económico norteamericano por medio de las leyes Torricelli y Helms-Burton, se produjo la caída del 4,8% del PIB entre 1989 y 1993 y el abrupto declive en un 78% de las exportaciones, que dieron lugar al desequilibrio financiero interno, el desestimulo al trabajo y la disminución de la eficiencia. Esta situación tuvo un fuerte impacto en el empleo, que entre 1990 y 1995 disminuyó a un ritmo promedio anual de 1,5 por ciento, registrándose en 1995 un 8,3% de desempleo.
Aún en esas difíciles condiciones, el Estado cubano mantuvo el principio inalterable de que ningún trabajador quedara desamparado, ni ningún jubilado o asistido dejara de percibir su pensión mensual, ni nadie fuera abandonado a su suerte; el objetivo fue administrar la crisis de forma tal que afectara menos a los que menos posibilidades tenían de enfrentarla con éxito.